Guatemala requiere legislación de protección de datos antes de expandir IA en justicia
La implementación de inteligencia artificial en el sistema judicial de Guatemala requiere un «ecosistema de legislación» que incluya protección de datos, ciberseguridad y regulación ética, según concluyeron especialistas en un segmento de análisis del programa Guatemala No Se Detiene.
- Guatemala necesita leyes de protección de datos y ciberseguridad para usar IA en justicia
- Expertos advierten que máquinas no pueden sustituir responsabilidad de operadores judiciales
- Se requiere reglamentación sobre uso ético de IA en administración de justicia
Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, señaló que la transformación digital del sistema judicial requiere regulaciones específicas. Mencionó que otros países que han avanzado en esta materia cuentan con legislación sobre transformación digital, protección de datos y ciberseguridad. Antillón explicó que la regulación de inteligencia artificial mediante ley resulta difícil, por lo que considera necesario establecer reglamentos específicos sobre su uso ético, particularmente en administración de justicia.
Jesús María Alvarado, director de la Escuela de Postgrado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Francisco Marroquín, enfatizó que «los operadores de justicia no pueden ser sustituidos por máquinas. La máquina no es responsable, los responsables son los operadores de justicia». Alvarado destacó la importancia de contar con todos los datos históricos del sistema judicial para facilitar a ciudadanos la consulta de trámites y expedientes, y para evaluar el funcionamiento de procesos judicales.
Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, sostuvo que herramientas tecnológicas pueden facilitar acceso a la justicia, pero no deben reemplazar la responsabilidad de funcionarios en decisiones sobre hechos, pruebas y derecho. Gámez enfatizó que Guatemala debe tomar medidas necesarias para garantizar la efectividad de la justicia y usar herramientas tecnológicas de forma certera y segura, sin reemplazar la responsabilidad individual de cada funcionario.
Para Alvarado, la incorporación de inteligencia artificial tiene potencial pero también implica riesgos. Considera que se debe «navegar en forma paralela en el uso de estas tecnologías, evaluar cuáles son aquellas sobre las cuales podemos apostar y resolver buena parte de los problemas». Entre los pasos para implementación también destacan capacitación de jueces e inversión en el sistema judicial para acercar órganos judiciales a zonas remotas, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
