Chile aún no cumple con inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual
Casi el 80% de los adultos con discapacidad intelectual permanece fuera del mercado laboral en Chile, con más de 173 mil personas cuyo derecho a trabajar sigue siendo una promesa incumplida.
- La Ley de Inclusión Laboral de 2018 requiere que organismos públicos y empresas con más de 100 trabajadores destinen al menos 1% de puestos a personas con discapacidad
- Solo el 35% de los 124 mil empleos generados al amparo de esta ley se ha mantenido en el tiempo
- Casi el 80% de adultos con discapacidad intelectual permanece fuera del mercado laboral, según la ENDIDE 2022
La Ley de Inclusión Laboral entró en vigencia en Chile en 2018, estableciendo que organismos públicos y empresas con más de 100 trabajadores debían destinar al menos el 1% de sus puestos a personas con discapacidad. Aunque fue un avance importante, ocho años después los resultados muestran un cumplimiento limitado y un impacto real aún alejado de los objetivos.
Cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia revelan que apenas una cuarta parte de las empresas privadas y de las instituciones públicas cumple con la cuota requerida. Un reporte de la Dirección del Trabajo agrega un dato más preocupante: solo el 35% de los 124 mil empleos generados al amparo de esta ley se ha mantenido en el tiempo, evidenciando una alta rotación laboral.
La situación se agrava especialmente para las personas con discapacidad intelectual. Según la ENDIDE 2022, se estima que casi el 80% de los adultos permanece fuera del mercado laboral, representando a más de 173 mil personas cuyo derecho a trabajar sigue siendo una promesa incumplida. Muchas organizaciones siguen viendo la inclusión como una obligación legal, en lugar de asumirla como parte de una cultura organizacional.
Para avanzar en inclusión laboral es necesaria una reforma más ambiciosa que fortalezca la fiscalización del cumplimiento de la ley, genere incentivos a la contratación y flexibilice el uso de los recursos asociados a la normativa. También se requiere fomentar un modelo de empresa con empleo protegido, acreditando a aquellas que contraten mayoritariamente a personas con discapacidad intelectual, siguiendo experiencias internacionales como la de España, según reportó La Tercera.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
