Nicaragua aprobará reforma constitucional en septiembre que elimina las elecciones
En los primeros días de septiembre de 2026, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobará en primera legislatura una reforma constitucional que busca desmantelar el sistema electoral vigente y cumplir con la orden del dictador anunciada el 19 de julio de que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones".
- La "copresidenta" Rosario Murillo anunció que la Asamblea aprobará la reforma constitucional en los primeros días de septiembre, continuando el reajuste de la Carta Magna que ya había sido modificada en 93 por ciento en 2025.
- Juristas nicaragüenses en el exilio advierten que el reajuste incluirá cambios que marcarán "un vuelco definitivo" del sistema político nacional y terminarán de "demoler" el Estado de derecho.
- De acuerdo con la legislación, la reforma será ratificada en primera legislatura en 2027, cuando estaban previstas las elecciones nacionales que ya habían sido prorrogadas por la anterior reforma.
A año y medio de haber promulgado una nueva Constitución en la que alteró el 93 por ciento de los artículos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo introducirá una segunda reforma constitucional que será aprobada en los primeros días de septiembre de 2026 para cumplir la orden del dictador de eliminar las elecciones en Nicaragua. La anunció la "copresidenta" Rosario Murillo el 27 de julio, fijando por primera vez un calendario para la iniciativa que Ortega presentó el 19 de julio como medida para poner un "muro" a quienes califica como "golpistas" y "vendepatrias".
El contenido específico de la reforma aún no ha sido divulgado, pero juristas y analistas coinciden en que el objetivo es desmantelar por completo el sistema electoral vigente. Según la legislación nicaragüense, las reformas constitucionales requieren aprobación en dos legislaturas, por lo que los cambios serán ratificados en el primer semestre de 2027, año en que estaban previstas las elecciones nacionales cuya fecha original de noviembre de 2026 ya había sido prorrogada por la Constitución de 2025.
El abogado constitucionalista Carlos, que habló bajo anonimato con medios de comunicación, advierte que la nueva reforma "va a tener elementos de prórrogas de la jefatura de Estado y de Gobierno de Daniel y Rosario" dado el escaso margen de tiempo disponible. La abogada constitucionalista Azahálea Solís, desnacionalizada por la dictadura, califica la situación como "demolición del Estado" y señala que el régimen carece de contrapesos políticos que eviten una deriva dinástica.
Los juristas aseguran que simultáneamente a la reforma constitucional, el régimen deberá reformar la Ley 331 o Ley Electoral para abolir o modificar formalmente los procesos electorales. Solís advierte además que el régimen puede saltarse los plazos establecidos por la ley, pues "Ortega y Murillo sencillamente van a hacer lo que ellos quieran hacer y lo pueden hacer, además", según reportó Confidencial.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
