Venezuela anuncia su retiro de la Corte Penal Internacional en el contexto de tutelaje de Delcy Rodríguez
El gobierno encargado de Venezuela anunció formalmente el 24 de julio que iniciará los trámites para denunciar el Estatuto de Roma y retirarse de la Corte Penal Internacional dentro de un año, movimiento que politólogos interpretan como oportunista y dirigido a esquivar futuros procesos sobre violaciones de derechos humanos.
- El canciller Félix Plasencia confirmó que Venezuela denunciará el Estatuto de Roma conforme al artículo 127, argumentando que la CPI ha puesto su mecanismo «al servicio de intereses ajenos a la justicia», decisión que entrará en vigor un año después de la notificación formal.
- La CPI mantiene una investigación en curso contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad ocurridos en 2017, la cual no se paralizará por el retiro y permite que presuntos crímenes cometidos durante el período de transición sean investigados y sus responsables condenados a futuro.
- Politólogos consideran que el anuncio responde a «oportunismo» político al alinearse con la cruzada de la administración Trump contra la CPI, presentada como «corrupta e inútil», permitiendo al interinato venezolano anunciar su salida sin «costo político» inmediato.
El gobierno encargado de Venezuela, bajo la dirección de Delcy Rodríguez, anunció el 24 de julio que procederá a denunciar el Estatuto de Roma para retirarse de la Corte Penal Internacional. El canciller Félix Plasencia confirmó que considera que la CPI ha colocado su mecanismo «al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger», por lo cual decidió iniciar el procedimiento formal de retiro conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma. El proceso de salida de Venezuela entrará en vigencia un año después de la notificación ante Naciones Unidas.
Esta decisión se produce en medio del tutelaje internacional que enfrenta Venezuela desde enero de 2026, cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos y extraídos por fuerzas militares estadounidenses. A finales de 2025, el entonces jefe del Parlamento Jorge Rodríguez había anunciado intenciones de abandonar la Corte por su «vasallaje» e «hipocresía», pero no se formalizó el procedimiento hasta ahora, coincidiendo con la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el organismo internacional.
Enderson Sequera, politólogo, interpretó que el interinato venezolano se vale de la postura estadounidense considerando la CPI «corrupta e inútil» para anunciar su salida sin «costo político». Según Sequera, el gobierno encargado busca desligarse de organismos internacionales que le impliquen rendir cuentas sobre violaciones de derechos humanos a futuro, anticipándose a posibles órdenes de captura que pudieran emanar de la investigación que la Corte lleva adelante contra el Estado venezolano desde 2018.
Organismos de derechos humanos como Provea subrayan que la investigación en curso de la CPI contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad durante 2017 no se paraliza con el retiro. Presuntos crímenes cometidos dentro del período de transición de un año, además de los previos, podrán ser investigados y sus responsables condenados a futuro. Un día después del comunicado de la Cancillería venezolana, el Departamento de Estado estadounidense celebró la decisión en las redes sociales, según reportó Efecto Cocuyo.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
