Argentina tiene seis sentencias judiciales sobre rutas nacionales pero reformas viales avanzan lentamente
En 14 meses, magistrados en Venado Tuerto, Santa Fe, Formosa, Salta, Tartagal y Mar del Plata dictaron sentencias intimando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a reparar rutas nacionales. Sin embargo, entre la orden judicial y el asfalto hay una distancia que expone la crisis estructural del sector.
- Seis sentencias judiciales en cuatro provincias ordenan reparaciones de rutas nacionales, pero el Estado invoca restricciones presupuestarias
- Caso de Salta muestra inefectividad: fallo en noviembre 2025, plazo de 90 días vencido en abril, ruta sigue igual en agosto 2026
- Resolución de concesión de rutas 7, 8 y 33 por 20 años apenas posterior al fallo permite al Estado argumentar que ya existe plan de acción
En los últimos meses, varios jueces federales en el interior de Argentina se involucraron en la profunda crisis vial que asola el país. Contratos rotos, peajes congelados, obras paralizadas por sucesivas crisis económicas, corrupción reconocida por funcionarios y tres años sin política clara para el sector desencadenaron el colapso actual. Ahora llegan sentencias con órdenes de mantención, pero resultan más declarativas que efectivas a la hora de ejecutar obras concretas.
El caso emblemático es el del juez federal Aurelio Cuello Murúa de Venado Tuerto, quien la semana pasada ordenó a la DNV reparar de forma inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, sur de Santa Fe. El amparo lo había presentado la senadora provincial Leticia Di Gregorio en marzo de 2025; la sentencia llegó 17 meses después. Esa distancia temporal no es un detalle burocrático sino la respuesta a una pregunta central: qué puede hacer efectivamente un juez provincial cuando ordena al Estado nacional arreglar una ruta.
El proceso se repitió en múltiples jurisdicciones. En junio de 2025, el juez Aldo Alurralde ordenó reparar más de 110 kilómetros de ruta 11 entre Santa Fe y San Justo. En septiembre de 2025, en Formosa, el juez Pablo Morán dio 90 días a DNV para bachear y limpiar banquinas en rutas 11, 81, 86 y 95. En noviembre de 2025, Tartagal ordenó bachear 198 kilómetros de ruta 34. El caso más revelador es el de Formosa: la cautelar se dictó en noviembre 2025, la Cámara rechazó apelación en febrero 2026, el plazo de 90 días venció en abril, Vialidad presentó informe en diciembre y después dejó de informar; en agosto de 2026 la ruta sigue prácticamente igual.
Las defensas del Estado se anclan siempre en restricciones presupuestarias, pero Cuello Murúa desestimó ese argumento. Una complejidad adicional es que las rutas 7, 8 y 33 fueron entregadas en concesión por 20 años mediante resolución del 28 de julio de 2026, apenas días antes de que se dictara la orden de reparación. Tanto DNV como el concesionario pueden ahora argumentar que existe un contrato vigente con plan de obras ya aprobado, dilatando aún más la operatividad de las sentencias, según reportó La Nación.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
