Cacif advierte que puertos de Guatemala operan al límite de capacidad
El Cacif advirtió que la capacidad de los puertos de Guatemala ha sido rebasada por el crecimiento sostenido del comercio exterior, urgiendo al Congreso a aprobar la Ley General del Sistema Portuario Nacional. La normativa está pendiente de discusión final con al menos 32 enmiendas propuestas.
- Entre 2019 y 2025, el volumen de carga marítima en Guatemala aumentó 26%, de 27 a 35 millones de toneladas métricas
- La Empresa Portuaria Quetzal reportaba 16 buques en fondeo al 31 de julio a la espera de atracar
- El comercio exterior entre 2000 y 2025 se triplicó mientras la infraestructura portuaria prácticamente no se ha ampliado
El sector empresarial guatemalteco instó al Congreso de la República a aprobar la Ley General del Sistema Portuario Nacional, advirtiendo que la infraestructura portuaria ya resulta insuficiente para atender el crecimiento sostenido del comercio exterior del país. El retraso en la normativa, según el sector privado, afectará la competitividad y limitará futuras inversiones.
Las cifras reflejan la presión creciente sobre los puertos. De acuerdo con la Comisión Portuaria Nacional, hasta abril de 2026 el movimiento de carga marítima alcanzó 12 millones de toneladas métricas. Entre 2019 y 2025, el volumen anual movilizado aumentó 26%, pasando de 27 a 35 millones de toneladas métricas. A esta demanda se suma la congestión operativa: al 31 de julio, la Empresa Portuaria Quetzal reportaba 16 buques en fondeo a la espera de atracar.
Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Cacif, señaló que entre 2000 y 2025 el volumen del comercio exterior guatemalteco se triplicó, mientras que la infraestructura portuaria prácticamente no se ha ampliado. Afirmó que la ley es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo económico del país y advirtió que continuar postergándola agravaría las limitaciones logísticas y restaría competitividad.
El proyecto de ley propone la creación de la Autoridad Portuaria Nacional como ente rector del sistema portuario, fortaleciendo la coordinación entre instituciones vinculadas al sector y estableciendo marco legal para inversiones mediante alianzas público-privadas y proyectos privados. Asigna a la APN supervisión del cumplimiento de normas de protección y seguridad portuaria, incluyendo el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. La iniciativa acumula al menos un año y medio de retraso legislativo, habiendo sido relegada durante 2026 por priorización del Decreto sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
