Guatemala aprueba nueva Ley Portuaria con Autoridad Nacional como ente rector
El Congreso de la República de Guatemala aprobó la madrugada del miércoles 5 de agosto el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional. La normativa crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como entidad rectora del sistema portuario, permitiendo la participación de agentes privados, mixtos y estatales en la ampliación y expansión de la infraestructura.
- La APN será entidad autónoma con facultades de planificación, regulación, fiscalización y sanción portuaria
- Usuarios estiman que la elaboración del reglamento y operación de la APN llevarán dos años
- Se crean el Consejo de Usuarios y el Comité de Desarrollo para participación del sector privado
La nueva ley establece un cambio institucional significativo en la gestión portuaria guatemalteca. Las empresas públicas portuarias seguirán operando conforme a sus leyes orgánicas mientras ocurre la transición de la Comisión Portuaria Nacional hacia la nueva Autoridad Portuaria Nacional. La APN tendrá mandato de supervisar el cumplimiento de normas de protección y seguridad portuaria, incluyendo el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.
La APN funcionará como ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera. Su máxima autoridad será un Directorio integrado por representantes de instituciones públicas, que nombrará al gerente general y aprobará planes, reglamentos, contratos, presupuestos y regímenes sancionatorios. Además, la ley crea el Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional con representación empresarial y el Comité de Desarrollo y Administración del Sistema Portuario Nacional para escuchar al sector privado.
La APN deberá elaborar el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario que defina qué puertos modernizarse, dónde construir nuevas instalaciones y cómo organizar el sistema logístico nacional. El marco legal busca que los puertos operen con mayor eficiencia, seguridad y competitividad. Esta es la segunda ley de la agenda legislativa económica aprobada tras el Decreto 15-2026 contra lavado de dinero, emitido el 2 de junio, según reportó Prensa Libre.
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