Presentan recurso contra decreto que declara secreto información de inteligencia en Costa Rica
Presentaron recurso de amparo contra decreto que declara secreto de Estado información sobre seguridad nacional. El demandante sostiene que el Poder Ejecutivo carece de facultad para crear reservas absolutas mediante decretos sin aprobación legislativa.
- Decreto Ejecutivo N.° 45.870-MSP declara secreto información de DIS, Fuerza Élite y coordinaciones de seguridad del Ejecutivo
- La restricción abarca presupuestos, contratos, compras públicas, expedientes administrativos y sesiones de seguridad
- Demandante argumenta que la reserva masiva vulnera derechos de acceso a información y transparencia, contraviniendo leyes de contratación pública
Un hombre identificado como Delgado presentó recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica el viernes 13 de agosto contra el decreto de la presidenta Laura Fernández que declaró secreto de Estado múltiple información relacionada con seguridad nacional. El Decreto Ejecutivo N.° 45.870-MSP abarca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo de trabajo Fuerza Élite y cualquier coordinación que la Presidencia dirija sobre seguridad y defensa del Estado.
La medida no se limita a planes tácticos u operativos, sino que incluye presupuestos, expedientes administrativos, ofertas, contratos, contrataciones públicas y sesiones. El recurso se encuentra en análisis de admisibilidad bajo el expediente 26-029324-0007-CO. Delgado argumenta que esta restricción administrativa generalizada vulnera derechos fundamentales de acceso a información pública, transparencia y control ciudadano sobre la gestión estatal.
El recurrente sostiene que limitaciones al derecho de acceso a información pública requieren ley formal aprobada por la Asamblea Legislativa y que el Poder Ejecutivo no posee facultad de crear reservas absolutas o indefinidas mediante decretos. Argumenta que excluir de fiscalización ciudadana las compras públicas y manejo de fondos estatales contradice la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, además de chocar con la obligación de usar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
El decreto establece régimen de estricta confidencialidad que aplica a jerarcas, policías, asesores, personal administrativo y colaboradores, incluyendo consultores y contratistas privados que deben firmar cláusula de sometimiento a la reserva. La prohibición persiste de forma indefinida aun cuando finalice la relación laboral o contractual, con sanciones legales por incumplimiento. Delgado solicita anular restricciones sobre contrataciones y presupuestos, declarar inconstitucionalidad del decreto y condenar al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, según reportó La Nación.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
