Guatemala presenta nueva iniciativa de ley de aguas tras 20 intentos fallidos en décadas
El Ministerio de Ambiente impulsó un proyecto de ley que incorporó 120 documentos de consulta con comunidades, pueblos indígenas y sectores productivos, aunque el sector privado organizado reclama mayor participación en la discusión técnica.
- Aproximadamente 20 intentos legislativos previos en décadas recientes fueron archivados por falta de consensos e intereses contrapuestos
- La propuesta busca priorizar el consumo doméstico, agrícola e industrial, y crear una superintendencia de aguas con participación de múltiples carteras
- La Corte de Constitucionalidad anuló incisos de reglamentos anteriores, evidenciando riesgos de que nuevas normas queden atrapadas en disputas legales
Guatemala enfrenta la presentación de una iniciativa de ley de aguas que llega con dos años de retraso respecto a lo programado. Este proyecto representa el enésimo intento legislativo por ordenar el manejo del agua, recurso cada vez más escaso y demandado en el país. Según reportó Prensa Libre, aproximadamente 20 iniciativas previas en décadas recientes terminaron archivadas por conflictos de intereses, incapacidad para sumar voluntades y desinterés legislativo en temas sin rentabilidad política.
El proceso consultivo que precedió la propuesta recopiló más de 120 documentos del Ministerio de Ambiente, incluyendo aportes de comunidades, pueblos indígenas, organizaciones sociales, academia, municipalidades y sectores productivos. Sin embargo, el sector privado organizado señaló que sus contribuciones no fueron incorporadas al documento presentado al Legislativo y solicitó una discusión técnica con diputados. La propuesta incluye establecer tasas de uso del agua, crear una nueva superintendencia con participación de varias carteras gubernamentales y regular el tratamiento de aguas servidas.
Un precedente de riesgo fue el veto que la Corte de Constitucionalidad aplicó hace dos años a incisos del reglamento de aguas residuales que obligaba a municipalidades a reportar avances en plantas de tratamiento. La Asociación Nacional de Municipalidades interpuso un recurso legal que bloqueó un requisito considerado necesario para garantizar cumplimiento institucional. Los expertos advierten que la nueva ley debe anticipar este tipo de objeciones para que no termine atrapada en litigios que paralicen su aplicación.
La normativa busca establecer capacidad institucional estratégica para conocer los recursos hídricos del país, implementar criterios técnicos de aprovechamiento sostenible y propiciar su conservación en contextos ecológicamente desafiantes. Guatemala requiere una legislación integral que abarque desde la conservación de manantiales y cuencas hasta la prevención de que cauces se conviertan en basureros, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
