SIP advierte restricciones al acceso de información en decreto costarricense
El decreto 45870, firmado por la presidenta Laura Fernández y el ministro Gerald Campos, clasifica como confidencial datos sobre presupuestos, gastos y procedimientos de contratación de la DIS, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo Fuerza Élite.
- Costa Rica emitió decreto 45870 el 10 de agosto declarando secreto de Estado información sobre inteligencia, seguridad y contrataciones públicas
- La SIP advierte que la medida obstaculiza la labor periodística y restringe el acceso a información de interés público esencial para transparencia
- El decreto impone deber indefinido de confidencialidad a personas vinculadas con estos organismos, con posibles sanciones por divulgación
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el decreto 45870 publicado en La Gaceta el lunes 10 de agosto, que declara secreto de Estado cualquier información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite. La medida fue firmada por la presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad Gerald Campos, invocando razones de interés público, seguridad y defensa nacionales.
La SIP observa con especial preocupación que el decreto cierre el acceso a presupuestos, gastos y la totalidad de procedimientos de contratación pública, ámbitos considerados esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. El decreto define un amplio margen de elementos sujetos al secreto de Estado, incluyendo información operativa sobre delincuencia organizada, dinámicas policiales, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta y estructuras de mando.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, reconoció que los Estados pueden proteger información cuya divulgación ponga en riesgo operaciones de seguridad. Sin embargo, advirtió que "la clasificación de información como secreto de Estado debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes, para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública".
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, consideró preocupante que el decreto imponga un deber indefinido de confidencialidad con posibles sanciones por divulgar información clasificada. Los directivos de la SIP exhortaron a las autoridades a distinguir claramente entre la información operativa cuya reserva pueda estar justificada y aquella relacionada con presupuestos y contrataciones que debe permanecer sujeta a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
