SIP alerta sobre restricciones a la información en Costa Rica por decreto de secreto de Estado
La presidenta Laura Fernández decretó el lunes medidas que clasifican como secreto de Estado la información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo Fuerza Élite.
- El decreto incluye operaciones policiales, estructuras de mando, recursos tecnológicos y planes de seguridad, pero también presupuestos y procedimientos de contratación pública.
- La SIP advierte que impone confidencialidad indefinida a funcionarios, asesores y contratistas con posibles sanciones por divulgar información clasificada.
- El Gobierno justifica la medida por el aumento del narcotráfico y la violencia, argumentando que divulgar estos datos pondría en riesgo operaciones y la cooperación internacional.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado de alerta sobre las consecuencias que la medida podría tener para la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado. El decreto, firmado el lunes por la presidenta Fernández, clasifica como secreto de Estado información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite.
Pierre Manigault, presidente de la SIP con sede en Miami, expresó especial preocupación por la inclusión de presupuestos, gastos y procedimientos de contratación pública en la clasificación de secreto de Estado, ámbitos que consideró esenciales para la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. Martha Ramos, presidenta de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que el decreto impone un deber de confidencialidad indefinido a funcionarios, asesores, contratistas y otras personas vinculadas con estos organismos, con posibles sanciones por divulgar o compartir información clasificada.
La organización enfatizó que la clasificación de información como secreto de Estado debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública. El Gobierno ha justificado el decreto por el aumento del narcotráfico y la violencia, argumentando que divulgar estos datos pondría en riesgo operaciones, funcionarios y la cooperación internacional en materia de seguridad.
El decreto llega en medio de una disputa del Gobierno con el Poder Judicial y tras la filtración de un informe que identificó a 122 policías presuntamente vinculados con organizaciones criminales. La SIP subrayó que las medidas para combatir el crimen organizado y la violencia no deberían debilitar otros pilares esenciales de una sociedad democrática, según reportó ABC Color.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
