Superintendencia de Educación de Chile impulsa plan de desburocratización en sistema escolar
La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, presentó el Plan de Desburocratización durante la Cuenta Pública Participativa 2026, agenda que busca avanzar hacia una superintendencia más eficiente.
- La Superintendencia identificó 3.092 obligaciones normativas cuya acumulación genera creciente carga administrativa en establecimientos educacionales.
- En 2025 la institución recibió más de 22 mil denuncias ciudadanas (18% más que 2024) y realizó 20.286 acciones de fiscalización en 16 regiones.
- El Plan de Desburocratización busca simplificar trámites, eliminar duplicidades y facilitar la relación entre establecimientos educacionales y el Estado.
La superintendenta Adriazola destacó el trabajo desarrollado en orientación, atención ciudadana, fiscalización y resguardo de recursos públicos durante 2025. La institución recibió más de 22 mil denuncias ciudadanas, un 18% más que el año anterior, y realizó 20.286 acciones de fiscalización en establecimientos educacionales de las 16 regiones del país.
En materia de desafíos para 2026, la superintendencia apunta a la implementación del Plan de Desburocratización, que busca disminuir exigencias administrativas y fortalecer el acompañamiento a las comunidades educativas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que esto tiene como foco tener un ministerio «que facilite el trabajo de las comunidades educativas» para que se concentren en la enseñanza y en que los niños aprendan.
La Superintendencia identificó que actualmente el sistema educativo convive con 3.092 obligaciones normativas. Aunque estas regulaciones cumplen un rol fundamental en el resguardo de derechos de estudiantes y comunidades educativas, la acumulación ha significado una creciente carga administrativa para sostenedores, equipos directivos y docentes.
La institución impulsó un proceso de revisión de procedimientos, criterios y regulaciones con el objetivo de simplificar trámites, eliminar duplicidades y hacer más eficiente la relación entre establecimientos educacionales y el Estado, según reportó La Tercera.
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