UIA propone subastar 700 MW para criptominería con tarifa de 56 dólares
Tras la derogación de los decretos que beneficiaban a Atome, la UIA presentó un esquema alternativo que divide a los grandes consumidores industriales en dos grupos con diferentes regímenes tarifarios.
- Límite de 700 MW (10% de capacidad instalada) para industrias sin procesamiento de materia prima
- Tarifa de referencia de 56 dólares por MWh mediante subasta al alza con contratos máximo de 5 años
- Vigencia propuesta en enero de 2028 cuando venzcan los contratos actuales
La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) presentó una propuesta a las autoridades de la ANDE dividiendo a los grandes consumidores en dos categorías. El primer grupo abarca industrias convergentes como data centers, inteligencia artificial y criptominería —aquellas sin procesamiento de materia prima—, donde la UIA propone establecer un tope de 700 MW, aproximadamente el 10% de la capacidad instalada actual. El segundo grupo comprende industrias con procesamiento de materia prima, que recibirían una tarifa técnica separada. La entidad argumenta que el límite de 700 MW es necesario para evitar un crecimiento indefinido que adelantaría los requerimientos de nuevas fuentes de generación e infraestructura de transmisión.
La propuesta contempla contratos de duración máxima entre 3 y 5 años, lo que según la UIA proporciona previsibilidad y elimina incertidumbre sobre nuevas fuentes de generación. Ubaldo Fernández, colaborador del comité técnico de la UIA, señaló que la adjudicación se realizaría mediante una licitación tipo subasta al alza donde competirían tanto nuevos interesados como empresas de criptominería que ya operan en el país cuyos contratos vencen en 2027. La UIA calcula una tarifa de referencia de 56 dólares por MWh, compuesta por 44 dólares de tarifa técnica más 12 dólares de compensación por cesión de energía.
Fernández argumentó que destinar más energía a industrias de criptominería no ha generado el desarrollo económico esperado. Señaló que la demanda energética de estas industrias creció cerca del 50% en los últimos años, pero no se tradujo en un crecimiento equivalente del PIB, que se mantuvo en valores normales de 4% a 6%. Además, indicó que la situación financiera de la ANDE no mejoró sustancialmente a pesar del aumento en facturación por este rubro, cuestionando entonces a qué sectores debería destinarse un recurso hidroeléctrico renovable de todos.
La propuesta incluye la posibilidad de realizar licitaciones cada tres años para evaluar si existe margen para ampliar el cupo de 700 MW. Quienes deseen instalarse fuera de ese cupo podrán hacerlo siempre que sean autosustentables con generación propia, opción que ya permite la ley vigente. El Gobierno encargó a la ANDE atender este asunto tras la derogación de los decretos anteriores. Manuel Mettel, presidente de la UIA, y Ubaldo Fernández presentaron el planteo considerando el panorama actual generado por esa derogación, según reportó ABC Color.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
