Veinticinco estados demócratas demandan a Trump por aranceles del 10 al 12,5 por ciento
Un grupo de 25 estados gobernados por demócratas interpuso demanda el 3 de agosto contra el gobierno federal estadounidense cuestionando la legalidad de los aranceles generalizados del 10 al 12,5 por ciento que la administración Trump impuso sobre 60 socios comerciales el 23 de julio.
- Aranceles entre 10% y 12,5% anunciados el 23 de julio sobre 60 socios comerciales tras investigación sobre trabajo forzado
- Estados demócratas argumentan que no existe relación racional entre el trabajo forzado y los aranceles generalizados
- Demanda cuestiona que investigaciones de la Sección 301 fueron apresuradas y prejuzgaban resultados
La administración Trump justificó los aranceles alegando que investigaciones de la Oficina del Representante Comercial (USTR) demostraban que los socios comerciales no respetan las exigencias estadounidenses contra el trabajo forzado. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró que «Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de políticas, actos irrazonables y prácticas que perjudican el comercio estadounidense».
Los gobiernadores demócratas denunciaron en su demanda que las investigaciones de la Sección 301 representan «un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones». Subrayaron que reconocen la importancia de combatir el trabajo forzado, pero señalaron que la administración no puede utilizar ese argumento como pretexto para continuar con un esquema arancelario que los tribunales ya han anulado en dos ocasiones anteriores.
Uno de los aspectos cuestionados por los demandantes fue la ausencia de mecanismos que permitan a los países sancionados terminar las medidas si ponen fin a las prácticas denunciadas. Kathy Jennings, fiscal general de Delaware, afirmó: «En lugar de tomar medidas que podrían realmente combatir el trabajo forzado, la USTR ha llegado a una conclusión inevitable con el fin de imponer derechos de aduana próximos a aquellos que los tribunales han anulado en dos ocasiones».
El éxito de la demanda resulta incierto luego de que la Corte Suprema emitiera un veredicto sobre los poderes presidenciales para aplicar aranceles. Tras ese fallo, la administración Trump utilizó los mecanismos legales disponibles para implementar esta nueva estructura arancelaria, según reportó La Nación (CR).
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
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