Registro de Propiedad Intelectual de Guatemala enfrenta denuncias por cobros no regulados
Usuarios del Registro de Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de Economía de Guatemala denunciaron cobros sin sustento legal y retrasos en procesos. La Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual promovió acciones legales para cuestionar la legalidad de los cobros implementados.
- Campi identificó cobros sin base legal en la Ley de Propiedad Industrial ni en el Reglamento del Registro
- Registro presenta lentitud en trámites y dificultades para acceso a información pública y comunicación con funcionarios
- Viceministra de Economía requirió informe circunstanciado; espera pronunciamiento de Tribunal Constitucional
Usuarios del Registro de la Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de Economía (Mineco) denunciaron demoras en el funcionamiento que están afectando la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la confianza en el sistema registral. La Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual (Campi) expuso mediante comunicado de prensa que ha recibido múltiples inquietudes de profesionales, empresas y usuarios respecto a la operación del registro.
La Campi señaló que identificó la implementación de cobros cuya base legal resulta susceptible de cuestionamiento, al no encontrarse expresamente contemplados en la Ley de Propiedad Industrial ni en el Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual. Esos cobros no se encuentran sustentados en la normativa vigente pese a que implican imposición de obligaciones económicas a los administrados. La Cámara decidió promover acciones legales para que las autoridades competentes se pronuncien sobre la legalidad de dichos cobros.
Los usuarios también reportaron limitada disponibilidad de mecanismos ágiles para reuniones técnicas y ausencia de canales eficientes de comunicación que permitan aclarar dudas durante la tramitación de procedimientos. Estas circunstancias generan retrasos innecesarios, incrementan costos y afectan la eficiencia de los servicios públicos. Fuentes cercanas confirmaron que se dio un aviso para suspender temporalmente cobros realizados sin justificación.
Sara Larios Hernández, viceministra de Economía encargada del área de Asuntos Registrales, declaró que se requirió un informe circunstanciado y se encuentra a la espera de conocer el proceso de la acción de amparo que promovió la Campi. Recordó que el Tribunal Constitucional dictaminó anteriormente que ciertos aranceles y tasas del Registro están apegados a derecho. Larios Hernández indicó que será el tribunal constitucional el que deberá revisar las actuaciones del Registro para determinar si hay que enmendar alguna práctica, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
